La experiencia demuestra que el
tamaño del Estado no conduce necesariamente a una competitividad baja; depende
de lo que haga. El crecimiento competitivo nace de la inversión en I+D, no de
la mano de obra barata
La crisis económica no ha
producido ideas nuevas. Se promueven recetas como si experiencias anteriores no
las hubiesen cuestionado, como si dispusieran de un indiscutido respaldo
intelectual y como si tuviesen validez universal. Sabemos que la receta
habitual de devaluaciones internas basadas en reducciones salariales y en
recortes del gasto público, con políticas monetarias muy restrictivas, puede
ser necesaria para evitar el colapso, pero no es suficiente para promover el
crecimiento. Sabemos también que sus efectos distributivos pueden variar: en
España, la desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre se ha
incrementado en un 27,8% desde 2008, frente a un 4,2% como media para los
países del euro (Eurostat 2013).
Políticas de reducción del Estado
se basan en una vulgarización extrema de la tesis de que el peso de lo público
“expulsa” recursos disponibles para el sector privado. Según esto, el necesario
equilibrio de las cuentas públicas se ha de basar en drásticos recortes del
gasto, no en subidas de los ingresos públicos. Pero la recaudación tributaria
varía mucho en Europa. En España supone un 31,4% del PIB; en Francia, un 43,9%
(Eurostat 2013). Simples recortes pueden conducir a un Estado inerme, incapaz
de prevenir situaciones de necesidad y de asegurar expectativas racionales de
movilidad, es decir, igualdad de oportunidades. Incapaz también de promover la
competitividad de su economía. El equilibrio macroeconómico no puede tener como
ejemplo al Portugal de Antonio Oliveira Salazar, sí a la socialdemocracia
nórdica.
Es cierto que Europa ha perdido
competitividad. Aun así entre 2012 y 2013 las economías más competitivas del mundo
eran Finlandia, Suecia, Noruega, Alemania, Dinamarca, Holanda, Austria y Reino
Unido, además de Suiza, Estados Unidos y Canadá. Solo Singapur y Hong Kong
entran en ese grupo. La economía francesa, situada en la posición 21, es más
competitiva que la del país emergente más cercano (Malasia, que ocupa la
posición 25). China se halla en el puesto 29, Brasil en el 48, México en el
53 (Global Competitiveness Index 2012-13,World
Economic Forum). España o Italia, situadas respectivamente
en las posiciones 36 y 42, tienen otros modelos a los que atender distintos del
oriental. El tamaño del Estado no conduce necesariamente a una competitividad
global baja; depende de lo que ese Estado haga.
Muchos empresarios y medios de la
derecha se han vuelto prochinos. Un ejemplo lo constituye el propietario de un
gran supermercado, Mercadona. A su juicio, la crisis económica se resolvería si
los trabajadores españoles fuesen como los chinos. Pero los chinos y sus
dirigentes no sueñan con un modelo de mano de obra barata y explotada. Su
inversión en I+D representa una proporción del PIB superior a la española y
aumenta a un ritmo muy fuerte: en un 21,7% en 2010, por ejemplo.
En Alemania, las políticas
activas de empleo evitan que los minisueldos sean un foco de pobreza
Atendamos a otro caso más
interesante: Corea del Sur. Entre 2008 y 2012, su PIB per capita creció
desde 19.026 dólares hasta 22.590 dólares. Compañías como Samsung o Hyundai son
ejemplos del aumento de la competitividad coreana. En España, por el contrario,
el PIB per capitacayó en ese periodo desde 34.977 dólares hasta
29.195 dólares. Existe una diferencia clave entre ambos países: Corea dedica a
la I+D un 3,74% de su PIB; España, tan solo un 1,39% (Banco Mundial, 2013). El
crecimiento económico y la competitividad coreana no se basan en mano de obra
barata.
En España la inversión en I+D se
ha reducido en un 40% entre 2009 y 2013. La edad media de nuestros
investigadores en los organismos públicos de investigación, incluyendo el CSIC,
es de 55 años. Investigadores jóvenes muy brillantes están siendo expulsados de
España en una sangría incesante. Es una pena que no se sigan muchos ejemplos
situados siempre fuera de España: por poner uno, David Sainsbury, propietario
también de una cadena de supermercados, que financia centros de excelencia en
ciencia, ingeniería, neurociencia, artes, políticas públicas, el University
College de Londres, la Universidad de Cambridge. Pero, por lo general, nuestros
empresarios, en aras de la competitividad, reclaman sueldos miserables, no
apoyan una investigación digna. La participación del sector privado en el gasto
en I+D es la menor de la Unión Europea, con la excepción de Polonia: un 43% del
total, frente a un 69% en Alemania(Informe COTEC 2012).
