Además de los acuerdos y declaraciones internacionales sobre la infancia, su protección y desarrollo de derechos, la OCDE viene ocupándose de analizar la importancia social y económica que supone invertir en la educación y el cuidado de la primera infancia (ECEC) –Early Childhood Education and Care– A tal fin analizaremos el contenido y las impliraciones contenidas en el documento: Investing in high-quality early childhood education and care (ECEC) (2011)
Por otra parte, es necesario analizar los derechos y obligaciones del Estado en materia de infancia y educación a través de la Constitución Española.
En su artículo 39 establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y en especial de los menores de edad, de conformidad con los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Esta es la base de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Entre estos acuerdos e instrumentos internacionales destacan dos Convenciones de Naciones Unidas:
1. Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, ratificada el 30 de noviembre de 1990 y sus Protocolos facultativos,
2. Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, instrumento de ratificación de 23 noviembre de 2007.
