El segundo capítulo examina el desafío de la educación de la población más joven. A pesar de que ha mejorado mucho, nuestro sistema educativo aún presenta un rendimiento menor que el de la mayoría de países de nuestro entorno. Esto se aprecia, entre otras cosas, en nuestras elevadas tasas de repetición y abandono escolar, y en nuestros resultados de aprendizaje, todavía inferiores a los de la media de la UE-27 y la OCDE. Sin reformas de calado, estas carencias seguirán lastrando la prosperidad del país y la vida de nuestra población. De aquí a 2050, 3,4 millones de estudiantes podrían repetir curso, 2,2 millones podrían abandonar prematuramente la escuela, y España podría verse superada en aprendizaje y calidad educativa por países como Portugal, Hungría o Letonia.
Para evitar este escenario, España deberá llevar a cabo reformas profundas en su sistema educativo, aprovechando las ventajas que ofrecerán tanto la digitalización como el cambio demográfico. Tendremos que transformar la carrera docente, modernizar el currículum, ampliar la autonomía de nuestros centros educativos, crear un sistema de evaluación eficaz, reforzar los mecanismos de apoyo a los colectivos más desfavorecidos, y potenciar la educación de 0 a 3 años. El objetivo debe ser conquistar la vanguardia educativa europea antes de mediados de siglo
El tercer capítulo aborda el desafío de la formación y recualificación de la fuerza trabajadora. En las últimas cuatro décadas, España ha incrementado enormemente su proporción de habitantes con un título terciario (universidad o FP superior) hasta converger con los países de la UE-8. Sin embargo, sigue teniendo una proporción de personas sin formación “profesionalizante” (ESO o inferior) excesivamente elevada (el 48% de nuestra población activa), algo que está condicionando la productividad, el empleo, y el bienestar de todo el país. Además, nuestra población adulta presenta un dominio de competencias básicas considerablemente inferior al de sus homólogos europeos. Tanto es así que, en España, las personas con titulación terciaria (Universidad y FP superior) tienen un nivel de comprensión lectora y de habilidad matemática más bajo que el de los graduados en Bachillerato de los Países Bajos.
En el futuro, a medida que la economía del conocimiento avance, la tecnología vaya transformando nuestro tejido productivo, la población activa disminuya, y la competencia global aumente, las carencias mencionadas se volverán más onerosas para el país, y el hecho de contar con una fuerza trabajadora bien formada y actualizada cobrará aún mayor trascendencia. Para no quedarse atrás en este escenario emergente, España tendrá que reducir la población que solo cuenta con la ESO (pasando del 40% actual al 15%), aumentar considerablemente la proporción de personas que obtienen un título de universidad o FP superior, y poner en marcha un sistema integral de recualificación que le permita actualizar las competencias de al menos un millón de trabajadores (empleados y desempleados) cada año. Solo así podremos cosechar las ganancias de productividad que necesitamos, implementar con éxito la transición ecológica, y garantizar la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar en el largo plazo
El mismo posibilismo debería impregnar nuestra aproximación a los desafíos de capital humano. Para equipararse a la UE-8, España deberá hacer dos cosas: mejorar sus niveles de aprendizaje (por ejemplo, con un aumento de 20 puntos en las pruebas estandarizadas de PISA) y aumentar la proporción de población entre 25 y 34 años que obtiene una educación superior a la ESO en 23 puntos porcentuales. ¿Puede hacerse? Pensamos que sí. Por dos motivos. Primero, porque nuestro país ya cosechó unos avances en aprendizaje y cobertura similares en el pasado reciente. Segundo, porque las transformaciones demográficas y tecnológicas que ya se están produciendo servirán de viento de cola para lograrlo.
De aquí a 2050, España tendrá casi un millón de estudiantes menos de entre 3 y 24 años. Esto permitirá a nuestro país duplicar su gasto por alumno hasta equipararlo con el que ya tiene, por ejemplo, Dinamarca sin incurrir en un incremento significativo de su gasto público. Esta inyección de recursos, unida a la generalización de tecnologías como el big data, nos ayudará a combatir con mayor eficacia fenómenos como el abandono o la segregación escolar, descubrir y aprovechar mejor el potencial de la población joven, y cosechar las ganancias de cobertura y aprendizaje que necesitamos para situarnos en la vanguardia europea de la educación. En lo que se refiere a la formación de la población trabajadora, lo cierto es que nuestro país ya cuenta con las instituciones, las infraestructuras y los recursos humanos necesarios para articular ese sistema integral de recualificación que necesita, y que lo que hace falta ahora es acometer una serie de cambios normativos y culturales paulatinos que, en cierto modo, ya están en marcha. Si España supo crear casi 2 millones de plazas formativas en FP superior y universidad entre 1980 y 2020, bien podrá crear un millón de puestos para programas formativos mucho más breves de aquí a 2050, sobre todo si se vale de las tecnologías digitales y los formatos híbridos de enseñanza.
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